Las cifras de la corrupción en España: 1.600 detenidos y 437 investigaciones en tres años
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| Es un dolor que tenga que ser la UCO y la UDEF las que persigan la corrupción en España. Mientras tanto, al menos eso da la sensación, las Intervenciones Generales de las Administraciones Públicas ... miran para otro lado. Habrá que poner, pues, a la UCO y a la UDEF de Interventores... y eliminar las Intervenciones Generales? |
Desde el año 2012, cuando comenzó a ejercer Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se han llevado a cabo más de 437 investigaciones por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han tenido como resultado la detención de más de 1.600 personas relacionadas con la corrupción. Así es como argumenta el Gobierno del PP que, con ellos, ha aumentado la lucha contra la corrupción político-económica en España y que hay menos permisividad.
Son datos facilitados por el Ministerio del Interior, que se ha dedicado a hacer recuento de los casos investigados sólo durante la etapa del PP. Es decir, que la cifra de supuestos corruptos aumentaría considerablemente si se tienen en cuenta las investigaciones y detenciones efectuadas hasta diciembre de 2011, fecha en la que cesó el Gobierno deRodríguez Zapatero.
En todo caso, desde 2012 el Gobierno de Rajoy ha tenido que destinar más de 700 efectivos a la lucha contra la corrupción. Ahí es nada.
En ese sentido, este Buscón tiene que destacar que, con tanto supuesto chorizo, tanto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, atesoran ya una dilatada experiencia en la lucha contra la delincuencia económica en general, así como contra el blanqueo de capitales y la corrupción, que son en muchos casos consecuencia una de la otra.
Lo cierto, y pese a todo, este Buscón tiene que reconocer que la actividad de la UDEF y de la UCO en el ámbito de la investigación, por un lado, y en el del auxilio y colaboración con la autoridad judicial, por otro, han permitido a estas unidades hacerse merecedoras de ungran prestigio a nivel nacional e internacional. En definitiva, que sí, que chorizos hay muchos, pero también quien los combate.
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| José Carlos Alcalde, Interventor General de la Administración del Estado. IGAE Los Interventores tienen que ser designados "por concurso", y NO "por libre designación", como se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales y se hace actualmente, ya que ello perjudica de raíz la "independencia" en el ejercicio de la función interventora, favoreciendo así un "statu quo" imbatible en la nomenclatura. |
El 70% de los directivos españoles justifica la corrupción y los sobornos: "Son prácticas habituales"
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| Los políticos no deben manejar fondos públicos: sólo los funcionarios públicos. Los políticos no deben formar parte de las Mesas de Contratación: sólo los funcionarios públicos. |
El 69% de los directivos españoles justifican los sobornos y la corrupción como prácticas para generar nuevos beneficios de manera rápida. Así se desprende del informe sobre fraude y corrupción realizado en 38 países por laconsultora Ernst&Young.
Los datos en España superan a la media de Europa Occidental, donde el porcentaje se sitúa en el 35% y por encima también de países con mercados emergentes (61%). Además, esta percepción ha aumentado un 4% respecto a la registrada en España en 2013. Así, España es el segundo país de la Unión Europea (UE), junto con Grecia, en cuanto a la generalización de la corrupción. En primer lugar se sitúa Portugal, con un 82% y, en el otro extremo,Dinamarca, uno de los países menos corruptos del mundo, con un 4%.
El uso de sobornos como recurso para hacer negocios ha sido justificado por un 46% de los encuestados en España, si esto contribuye a la supervivencia del negocio. En esta línea, los preferidos son los regalos personales (34%), seguidos de los regalos relacionados con el ocio (31%) y de los pagos en metálico (16%). Así las cosas, un 57% de los directivos está bajo presión para buscar nuevas fuentes de ingresos, contexto en el cual los mercados de alto riesgo, donde existe una mayor probabilidad de que se produzca prácticas de este tipo, han ganado protagonismo.
Asimismo, existen otros errores "justificables" a los que las empresas recurren de manera frecuente, ya que el 56% de los encuestados en España han reconocido que sus compañías a menudo "maquillan" la información financiera. En Europa Occidental, este porcentaje se sitúa en el 33%.
En este contexto, la práctica más habitual, aprobada por un 36%, consiste en negociar descuentos con los proveedores o retrasar el pago de facturas, que ha sido defendido por el 14% de los encuestados. Así, un 15% de los españoles ha afirmado que estas prácticas han tenido lugar en los últimos meses en sus empresas.
Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que la actividad regulatoria y los códigos éticos han evolucionado, ya que un 26% considera que estos estándares han mejorado en los últimos dos años. Asimismo, un 21% de los encuestados ha afirmado que este incremento en el marco regulatorio ha tenido un impacto positivo en su entorno de trabajo.
Sin embargo, un 69% considera que las autoridades deberían de tomar más medidas para recuperar los daños resultantes del fraude y la corrupción. Así, el 58% señala que es necesario localizar y congelar los activos. En este sentido, cabe destacar que la sensación de impunidad continúa en niveles muy elevados, tal y como ha destacado el responsable de EY, Ricardo Noreña, a pesar de la aparición de nuevas medidas como la reforma del Código Penal, que será efectiva el 1 de julio, por la cual la responsabilidad podrá recaer sobre las personas jurídicas.
El 56% de los encuestados en España han reconocido que sus compañías a menudo "maquillan" la información financiera
El reto reside en conseguir una mayor rapidez en los procedimientos judiciales y una actuación que permita la recuperación del dinero, ha manifestado Noreña.
La percepción en cuanto al nivel de compromiso de la alta dirección con las normas éticas es baja y se sitúa por debajo de la media de la UE. El 65% de los encuestados considera que la medida más efectiva es la persecución penal de los directivos por no haber actuado de manera diligente. Además, el 63% es partidario de que se apliquen multas a las empresas, frente al 46% que se decanta porque las multas recaigan sobre los directivos.
Entre otras herramientas para prevenir el fraude, existen códigos de conducta y un canal de denuncias. No obstante, un 46% ha manifestado que su empresa cuenta con estos documentos, frente al 59% de los países europeos. Además, menos de la mitad de los encuestados conocen cuáles serían las penalizadas derivadas de su incumplimiento.
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